La des-regulación de las telecos

La regulación es algo necesario en todo mercado liberalizado, porque es el mecanismo de asegurarse de que no se producen prácticas que puedan perjudicar a los consumidores o empresas (monopolios, oligopolios, dumping de precios, etc.). Por ello, es importante con contar con entes regulatorios. La actual crisis financiera actual es fruto de una crisis de valores, del "todo vale" llevado a su máxima expresión.
No obstante, también se ha comprobado que las entidades totalmente públicas no siempre son las mejores reguladores -principalmente por su clara conotación política- y que, ante empresas globales, es necesario comenzar a crear entes regulatorios globales que generen un marco claro e integrador, evitando los costes, la complejidad, las ineficiencias y las injusticias que generan distintas regulaciones nacionales, autonómicas, locales, etc.
El caso más claro está es el sector de las telecos, donde a nivel europeo es imposible alcanzar consenso alguno. Es más, en España, donde ya se están autorizando frecuencias de móviles 4G a nivel autonómico, vamos como siempre contracorriente. O regulamos demasiado o no regulamos... ¿no hay un término medio?
Un ejemplo de exceso de regulación se tiene en el despliegue de estaciones base de telefonía móvil. El despliegue de la tecnología de telefonía móvil de tercera generación sufrió un notable retraso en parte, debido a la dispersión legislativa que existe sobre la materia. La regulación de las instalaciones de estaciones base (antenas) se rige desde el ámbito estatal por el RD 1066/2011 de 28 de septiembre, mientras que en el espacio autonómico seis Comunidades (Cataluña, Castilla La Mancha, Castilla León, Baleares, Navarra y La Rioja) disfrutan de sus propios reales decretos, leyes forales o normas territoriales cautelares. Si se descienden al terreno municipal, los operadores se enfrentan a 600 ordenanzas. A esta dispersión legislativa hay que añadir las distintas interpretaciones que las ordenanzas aprobadas recogen sobre distintos parámetros técnicos (niveles de exposición, distancias de seguridad, etc.). Evidentemente, este exceso legislativo lo pagan principalmente los usuarios empresariales y particulares, que no pueden disfrutar con total calidad de una tecnología claramente beneficiosa, pagan parte de sus impuestos en mantener esa vorágine legislativa y pagan precios más altos por los servicios por la ineficiencia en la que incurre el operador.
También hay casos de defecto de regulación que son perjudiciales para los consumidores y empresas. Un claro ejemplo es la regulación de las redes de nueva generación en Europa en general y en España en particular. Mientras en otros países como Japón o EEUU estás redes basadas en fibra óptica han comenzado a desplegarse bajo un entorno regulatorio claro y que incentiva la inversión, en Europa el modelo aún no es del total agrado de ninguna de las partes involucradas y no acaba de haber un entorno regulatorio claro y estable. Esto está ralentizando el despliegue de una tecnología importantísima para el tejido productivo empresarial y para que los usuarios puedan disfrutar de servicios de ocio y comunicación inimaginables a unos costes muy competitivos.